Defensa responde a la solicitud de información de ATME sobre las informaciones que vinculaban a militares con presuntas agresiones a migrantes en Ceuta
Se confirma que no existen denuncias ni procedimientos abiertos contra militares concretos, aunque se ha iniciado una investigación interna y se trasladó la información a la autoridad judicial.
Cáceres, 10 noviembre de 2026.- La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha recibido, con fecha 3 de noviembre de 2026, la respuesta del órgano competente del Ministerio de Defensa a la solicitud de información presentada por la asociación tras la publicación, durante el pasado mes de septiembre, de diversas informaciones periodísticas que apuntaban a la presunta implicación de militares desplegados en Ceuta en agresiones y conductas vejatorias contra migrantes.
La iniciativa de ATME surgió ante la preocupación generada entre el personal militar por el impacto que estas noticias podían tener sobre la imagen de las Fuerzas Armadas y sobre la seguridad jurídica de quienes desarrollan sus cometidos en un escenario especialmente complejo. Por ello, la asociación solicitó conocer si existían denuncias, diligencias judiciales o procedimientos disciplinarios abiertos, así como las medidas adoptadas para proteger al personal que pudiera verse afectado por estas acusaciones.
En la respuesta remitida a ATME, el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), a través de la Subsecretaría de Defensa, señala que no tiene constancia de denuncias, diligencias judiciales o procedimientos disciplinarios abiertos contra militares concretos relacionados con los hechos difundidos por los medios de comunicación. No obstante, informa de que el Ministerio de Defensa trasladó dichas informaciones al Juzgado de Guardia de Ceuta y a la Fiscalía, además de ordenar una investigación interna en el ámbito del Mando de Operaciones (MOPS) para determinar la existencia de posibles responsabilidades.
Asimismo, Defensa indica que no consta que ningún militar haya solicitado asistencia jurídica por este asunto, aunque recuerda que el ordenamiento jurídico contempla mecanismos de protección y defensa para el personal afectado por actuaciones derivadas del servicio. Del mismo modo, aunque sin poner número, reconoce que desde el inicio de la crisis migratoria en Ceuta se han producido agresiones contra militares desplegados en la zona, algunas de ellas con resultado de lesiones y que, en determinados casos, motivaron la interposición de las correspondientes denuncias.
Entre las cuestiones planteadas por ATME figuraba también si el Ministerio de Defensa había solicitado o tenía previsto solicitar la atribución de la condición de agente de la autoridad al personal militar desplegado en Ceuta y, en caso contrario, cuáles eran las razones para no promover dicha medida. Sobre este extremo, la respuesta recibida señala que tanto la consideración de agente de la autoridad como las limitaciones en el empleo de la fuerza forman parte del planeamiento de las operaciones militares y, por tanto, quedan excluidas del ámbito de actuación del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.
Respecto a otra de las principales preocupaciones trasladadas por ATME, referida a la protección jurídica del personal militar, el Ministerio considera que el actual marco normativo ofrece una protección suficiente a los miembros de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de sus funciones. Para fundamentar esta posición, recuerda que el artículo 554 del Código Penal establece la misma protección frente a agresiones, intimidaciones o resistencias graves para los militares uniformados que estén prestando un servicio legalmente encomendado que la prevista para autoridades, agentes y funcionarios públicos.
ATME continuará defendiendo la necesidad de reforzar la seguridad jurídica del personal militar desplegado en este tipo de operaciones, así como de garantizar que cualquier información que pueda afectar a la reputación y al prestigio de las Fuerzas Armadas sea esclarecida con la máxima rapidez, transparencia y respeto a la presunción de inocencia.